Dentro del amplio abanico de problemáticas que se dan en el Derecho Internacional, existe una cuestión en particular que ha generado serias complicaciones para la República Argentina y sobre la cual el debate pocas veces ve luz fuera de los ámbitos académicos y técnicos especializados. Se trata de los tratados bilaterales de inversiones, acuerdos internacionales que le otorgan a inversores extranjeros la posibilidad de demandar a nuestro país ante tribunales internacionales y solicitar compensaciones millonarias por medidas de política pública. Las reclamaciones en el marco del derecho de la protección de las inversiones extranjeras, fundamentalmente luego de la crisis económica del año 2001, se han constituido como una importante fuente de inconvenientes para los gobiernos argentinos que deben actuar con suma cautela en materias tan disímiles como la generación de energía o la seguridad social. Sin embargo, estas cuestiones encuentran una única raíz de origen en un interrogante cuya respuesta requiere un debate consciente y serio: ¿qué hacer con los Tratados Bilaterales de Inversión firmados durante los años 90?